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Los siete miembros de una familia, tres menores entre ellos, murieron en su domicilio en Managua, por un incendio provocado. Vecinos acusan a fuerzas parapoliciales y al gobierno de Daniel Ortega. Siete miembros de una familia, entre ellos tres menores de edad, murieron calcinados en su residencia en Managua, Nicaragua, por un incendio provocado en uno de los días más cruentos en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Otros dos hombres fueron asesinados y quemados a plena luz del día y en la vía pública cerca del mismo sector, en una de las jornadas más sangrientas de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril y que ya ha segado la vida de 200 personas, en su mayoría civiles, según organismos humanitarios.

El incendio de una casa de tres pisos, donde también funcionaba una fábrica de colchones, en el barrio Carlos Marx -este de Managua-, sobre cuya autoría hay diversas versiones, causó la muerte de siete miembros de una familia, los adultos calcinados en el lugar, mientras que los menores, rescatados por los Bomberos, fallecieron en el hospital.

Las versiones sobre lo sucedido difiere entre los vecinos. Así, la recopilada por la Dirección General de Bomberos, adscrita al Ejecutivo, apunta a «delincuentes encapuchados» que lanzaron al interior de la vivienda cócteles molotov provocando el incendio.

Otra versión de familiares y vecinos señalan que policías y fuerzas parapoliciales habrían provocado el incendio porque la familia se negó a prestar la parte alta para francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía.

La Policía informó de que ha creado un equipo técnico con investigadores y peritos de criminalística para realizar diligencias para esclarecer el hecho.

Posteriormente, desconocidos asesinaron y quemaron a dos hombres en plena calle, cerca de donde ocurrió el incendio, según la Policía Nacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las organizaciones más importantes del país, señaló que las «fuerzas parapoliciales en complicidad con la Policía Nacional» incendiaron esa casa y denunció que los responsables de la «matanza» impidieron además a la familia Velásquez Pavón, «conocidos comerciantes del barrio Carlos Marx», salir del inmueble y «obstaculizaron» la ayuda de sus vecinos.

«La gravedad de estos hechos ha conmocionado a la población nicaragüense, que ven en los aparatos represivos del gobierno la criminal amenaza para su vida y su seguridad. Este crimen revela un escalamiento de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con saldo trágico de más de 178 personas asesinadas hasta el momento», agregó ese organismo.

Durante la reanudación este sábado de la mesa de diálogo nacional, el obispo Rolando Álvarez de la Conferencia Episcopal de Nicaragua -mediadora y testigo del diálogo- pidió el cese inmediato de la represión, la violencia, las amenazas, crímenes y asesinatos, que han causado tanto dolor a las familias nicaragüenses. «Esta mesa plenaria está inundada por el dolor», dijo.

La delegación gubernamental, encabezada por el canciller Denis Moncada, que ha culpado a la población de todos los actos violentos registrados desde el 18 de abril pasado, cuando se inició la crisis, leyó los comunicados de la Dirección General de Bomberos y de la Policía Nacional sobre esos hechos.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios, afirmó que continuaba en el diálogo «bajo protesta» por el recrudecimiento de la violencia y asesinatos, según uno de sus representantes, Michael Healy.

El líder estudiantil Lesther Alemán demandó al Ejecutivo una «respuesta concreta del cese a la represión», porque mientras dialogan continúan las muertes y la violencia.

El dirigente campesino, Medardo Mairena, dijo que Ortega «no tiene capacidad para gobernar» y apuntó al Ejecutivo de ser «los únicos responsables de esta matanza en este país».

Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado entre 178 a 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente. EFE